Buenos Aires, 30 jun (PL) En otro episodio de la saga político mediática contra la expresidente Cristina Fernández, el juez Claudio Bonadio ordenó 11 allanamientos a propiedades de la familia Kirchner que se realizan hoy en la provincia de Santa Cruz.
Los procedimientos dictados por el magistrado que lleva casi todas las imputaciones contra la exdignataria están destinados, según instruyó, a secuestrar documentación relacionada con la sociedad Los Sauces, en el marco de una causa por presunto lavado de activos de origen ilícito.
Esta causa es la que inició la diputada Margarita Stolbizer, quien amplió la denuncia días atrás y extendió la acusación contra la exmandataria al delito de «asociación ilícita» y «enriquecimiento ilícito».
Los allanamientos están dirigidos a varias propiedades que figuran a nombre de Los Sauces en tres ciudades de Santa Cruz, y el secuestro de expedientes de autorización y ejecución de obras civiles en los respectivos municipios de la capital provincial, El Calafate y El Chaltén.
También dispuso el secuestro de expedientes relacionados con esos emprendimientos en la gobernación santacruceña.
Bonadio ya había efectuado allanamientos similares pero en relación con la sociedad Hotesur, también vinculada con la familia Kirchner, en otra imputación también presentada por Stolbizer.
La pasada semana, Cristina Fernández denunció a través de las redes sociales ser blanco de persecución política y citó que la vivienda en Río Gallegos de los padres del finado presidente Néstor Kirchner fue violentada por desconocidos.
En su condena advirtió también que un grupo de seis policías de la Ciudad de Buenos Aires intentó penetrar subrepticiamente en Santa Cruz, pero fueron identificados, y les atribuyó la transgresión en un acto que calificó de paramilitarismo.
Por otro lado, el exjefe de Gabinte Aníbal Fernández, también objeto de denuncias mediáticas y políticas, dijo en entrevista al canal de noticias C5N que todas las acusaciones en su contra -y contra otros exfuncionarios- son «un invento para tapar el desastre» que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri.
Este jueves, el juez federal Daniel Rafecas procesó a José López, exsecretario de Obras Públicas del pasado gobierno, por enriquecimiento ilícito y le aplicó un embargo de 200 millones de pesos (13 millones 333 mil dólares).
El exfuncionario permanece detenido en el penal de Ezeiza, después de ser descubierto mientras intentaba esconder hace dos semanas cerca de 9 millones de dólares en un convento de la municipalidad bonaerense de General Rodríguez.
Juez ordena allanamiento a propiedades de la familia Kirchner en Argentina
